miércoles, 16 de julio de 2008

Vale la pena revisar qué hacemos como sociedad civil.

Es importante reflexionar sobre el quehacer de cada organización civil y su papel dentro del enramado social. ¿Cuál es la razón por la cual son necesarias estas organizaciones, y qué papel juegan dentro de la definición del rumbo del país? La respuesta a esta pregunta es necesaria para una mejor administración de los escasos recursos con los que cuentan las organizaciones. Recursos en un sentido amplio, de tiempo, espacio, personal, etc.

El siguiente artículo ofrece elementos que permitan visualizar estrategias, retos, y recursos para que las organizaciones de la sociedad civil.

Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de

Fomento a las Actividades Realizadas por

Organizaciones de la Sociedad Civil

Boletín Electrónico No. 18-2008

Julio 14, 2008

Entrega No. 12

Publicación de Memoria del Consejo Técnico Consultivo

a tres años de su creación

Entregamos a ustedes el artículo Los retos del Consejo Técnico Consultivo desde una perspectiva de reforma a las instituciones del Dr. Rafael Reygadas Robles Gil.

El Dr. Rafael Reygadas Robles Gil fue Consejero Propietario del Consejo Técnico Consultivo, representante de los sectores: Académico, Profesional, Científico y Cultural en el período 2005 a 2007. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Atentamente

Óscar I. Ortiz Reyes
Secretario Ejecutivo
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
2da. Cerrada de Belisario Domínguez No. 40
Colonia Del Carmen, Deleg. Coyoacán, CP 04100 México, D. F.
Tel. (55) 5554 0390 Ext. 68204

www.consejotecnicoconsultivoleydefomento.org.mx


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SERIE: DOCUMENTOS DE REFLEXIÓN

RETOS DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DESDE UNA PERSPECTIVA DE REFORMA A LAS INSTITUCIONES

Dr. Rafael Reygadas Robles Gil*

Participación ciudadana en el México de hoy

Entre el individuo solo y empobrecido por el modelo económico que impera desde hace 25 años en nuestro país y la sociedad en su conjunto, han ido apareciendo instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil que buscan resistir, hacer soportable y transformar el presente, concretando esperanzas de cambio.

El individualismo y las lógicas mercantiles no sólo no le permiten a la ciudadanía tener recursos para vivir y atender sus necesidades básicas —recordemos que hay 20 millones de personas en condiciones de pobreza alimentaria o pobreza extrema y más de 50 millones en situación de pobreza patrimonial—, sino que merma sus capacidades para hacerse cargo por sí mismas de su vida y de su futuro, sometiéndolas a sentimientos y experiencias de incapacidad y de impotencia social, además de debilitar fuertemente los vínculos y las solidaridades sociales con base en las cuales se puede resistir, generar y crear iniciativas alternas. La lógica neoliberal depreda las capacidades de las sociedades para enfrentar por sí mismas los grandes retos sociales, culturales y medioambientales.

Los partidos políticos que nacieron como mediaciones entre los individuos singulares y el Estado, con miras a la representación de intereses de grupos sociales y para institucionalizar programas de mejoramiento colectivo, se han ido burocratizando en un perverso sistema de partidos que los envuelve en un proceso permanente de elecciones de todo tipo y los va aislando de sus representados, ante los que pierden hasta la comunicación más elemental, pues los aísla de los grandes grupos sociales que les habían encargado sus causas y demandas más sentidas. Baste ver el Latinobarómetro para constatar cuán alejada se siente la ciudadanía de los partidos y cómo los políticos tienen uno de los oficios más desprestigiados del continente, 1 y el caso mexicano no es la excepción.

Otras instituciones intermedias, como las sindicales, no han logrado zafarse suficientemente de una septuagenaria subordinación corporativa al Estado mexicano, aunque empiezan a desplegar esfuerzos instituyentes de otros vínculos y, ante las brutales agresiones a los derechos adquiridos de sus agremiados y agremiadas, empiezan a dar señales de jugar un nuevo papel en la sociedad mexicana del futuro, recuperando intereses estratégicos y de largo plazo que exigen a sus nuevos representantes una nueva coherencia. La moneda está en el aire y no es fácil, las inercias y los privilegios son muchos.

Esta distancia entre los individuos y las formas institucionalizadas de representación social tiene como consecuencia el alejamiento y desencanto de las y los ciudadanos comunes y corrientes con respecto a la clase política, a la que consideran poco sensible y lejana a su vida y problemas cotidianos o hasta cómplice de un modelo de relaciones sociales que empobrece progresivamente a gran parte de la población. Baste recordar la aprobación de la transformación de la deuda privada de los banqueros en deuda pública por un solo voto, que ha asignado por ya casi diez años los impuestos de todo el pueblo para respaldar a los bancos que ahora se han vendido a capitales internacionales y siguen siendo financiados por el dinero público y sin pago de impuestos por las operaciones multimillonarias de compra-venta más grandes de la historia del país, o la aprobación de la Ley Televisa de marzo de 2006 que privatizó a favor de dos personas todo el espectro radioeléctrico propiedad de la Nación. Esto por sólo hablar de los saqueos económicos sin aludir a otros tipos de decisiones políticas o culturales semejantes, en las que los legisladores han cargado con la responsabilidad principal de promulgar leyes excluyentes o profundamente injustas.

Esta claudicación de los legisladores ha producido un gran vacío social de representación y de confianza en las instituciones políticas, pues ha contribuido a incrementar la pobreza y la exclusión.

Las organizaciones de la sociedad civil

Para llenar este vacío social se han generado y desarrollado en las últimas dos décadas grandes movimientos sociales y civiles que buscan sacar adelante las demandas de sus bases y modificar la relación autoritaria entre Estado y sociedad, incidiendo en el campo público por fuera del sistema de colores y partidos políticos. Estos movimientos toman la forma de corrientes instituyentes de utopías sociales y de profecías de nuevos vínculos sociales que han participado en cientos de iniciativas públicas por dentro y por fuera de las Cámaras y del Poder Ejecutivo para modificar las relaciones de poder y hacer contrapesos a gobiernos y partidos a modo de fuerza instituyente que genere una sociedad más incluyente y participativa.

Destacan los movimientos de mujeres por transformar el rol subordinado y machista que la sociedad les ha asignado, y los cientos de iniciativas locales, estatales y nacionales por lograr instituciones y prácticas sociales equitativas que reconozcan y respeten la diversidad sexual y los derechos de las mujeres; o los movimientos indígenas desplegados desde 1990 para conmemorar los 500 años de resistencia india, negra y popular, el levantamiento zapatista que despertó la dignidad indígena por todo el territorio nacional, la formación del Congreso Nacional Indígena, las comunidades autónomas, como formas de expresión pública del nuevo papel que los pueblos indios están llamados a jugar en el México del futuro; o los movimientos ecologistas que generan conciencia y cambios económicos y políticos en los sistemas productivos a fin de cuidar el agua y el medio ambiente para las generaciones futuras, y proteger a la población de contaminación y deshechos tóxicos; finalmente, los enérgicos movimientos ciudadanos por la democracia y la transparencia electoral como caminos para un México incluyente y justo.

Como parte de estos movimientos por cambios civilizatorios profundos, desde 1989 se han desplegado también los movimientos ciudadanos por la democracia y por el reconocimiento de las organizaciones civiles como entidades abocadas al interés social y al bien público.

De este modo surgieron al final del milenio anterior enérgicos movimientos feministas, ciudadanos, juveniles, ecologistas, campesinos e indígenas empeñados en abrir espacios públicos a actores no partidarios organizados con base en la difusión y exigencia por hacer justiciables todos los derechos humanos. Estos movimientos pasaron de las emergencias y la resistencia a la propuesta de políticas públicas y ciudadanas, algunas veces contando con apoyos de algunos legisladores, la mayor parte de las veces mediante un largo y difícil cabildeo para impulsar algunas transformaciones legislativas estatales o federales.

Como una parte muy modesta de esta sociedad civil emergente, de este plebeyo y multifacético movimiento, surgieron desde principios de los años sesenta las organizaciones civiles o no gubernamentales, desempeñando desde actividades asistenciales no cubiertas por el gobierno hasta iniciativas de democracia y de desarrollo sustentable que se fueron condensando hacia la última década del siglo XX mediante la lucha por desarrollar experiencias paradigmáticas y por modificar los marcos jurídicos que reproducían y reproducen una sociedad autoritaria, clientelar y poco participativa; es decir, organizaciones que han luchado por modificar las relaciones entre gobierno y sociedad desde espacios y organismos ciudadanos no lucrativos que inciden en lo público.

En este último sentido, es necesario recordar que mientras en sociedades como la de los Estados Unidos de Norteamérica existe una organización del sector social por cada 1 500 habitantes, en México, por la tradición autoritaria y clientelar existente hasta hoy, solamente hay una organización civil por cada 6 000 habitantes. En gran parte de las sociedades modernas del mundo, tanto en el Norte como en el Sur y en el Este y el Oeste, se reconoce que las organizaciones civiles forman parte de una sociedad más democrática y participativa y que son componente sustantivo de la sociedad del futuro.

Avances democráticos: la Ley de Fomento

Después de 14 años de lucha, de cabildeo con tres gobiernos federales y con cuatro legislaturas, las organizaciones civiles lograron que se promulgara la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), el 9 de febrero de 2004, como expresión del reconocimiento del gobierno y del Poder Legislativo a una forma de quehacer público que forma parte de una transición democrática. En la Ley, además de reconocer a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como organismos de interés público, se obliga al Poder Ejecutivo Federal a promover e impulsar las actividades que realizan las OSC, que se encuentran en el artículo 5 de la ley, que pueden consultarse en este libro y que comprenden "las actividades de apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas" (art. 5, inciso V), "promoción de la equidad de género" (inciso VI), "cooperación para el desarrollo comunitario" (inciso VIII), "apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos" (inciso IX), "apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales" (inciso XII), y otras muchas que muestran la necesidad de que desde toda la Administración Pública, pero especialmente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entienda que la Administración Pública Federal debe fomentar y propiciar todas las actividades de fomento, enlistadas en la misma Ley. La Ley expresa la obligación del Estado mexicano de fomentar las actividades no lucrativas y de interés público que realizan las OSC a todo lo largo y ancho del territorio nacional, como forma de una nueva relación, más democrática, corresponsable e incluyente entre sociedad y gobierno.

Para promover la aplicación de la Ley, la Ley misma mandata al gobierno:

El Ejecutivo Federal constituirá la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artículo 5 de esta ley (art. 10).

Los dos últimos años del sexenio pasado se incrementó la corresponsabilidad entre gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil con base en el respeto mutuo y en el papel jugado por la Comisión de Fomento2 para transparentar el uso de los recursos públicos destinados a fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Se realizaron también dos foros nacionales y seis foros regionales para dar a conocer la Ley de Fomento y para escuchar los planteamientos de las organizaciones civiles en diferentes rincones del país.

La misma LFFAROSC prevé una especie de parlamento ciudadano para el fomento de las actividades realizadas por las OSC, que es el Consejo Técnico Consultivo de la Ley (CTC), formado por nueve consejeros/as ciudadanos/as nombrados/as por las OSC registradas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la insaculación hecha entre todos los candidatos/as propuestos/as y cuatro más designados/as de entre las propuestas del sector académico, profesional, científico y cultural, un diputado federal y un senador de la República, y un secretario ejecutivo (LFFAROSC, art. 27), todas y todos con sus suplentes y presididos por un servidor público que designe la Comisión de Fomento.

De esta manera se configuró desde 2005 el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento como consejo ciudadano o parlamento de las organizaciones de la sociedad civil para impulsar y vigilar el fomento de las actividades no lucrativas y de bienestar social enunciadas en el artículo 5 de la Ley. Sin duda este Consejo Técnico Consultivo es una expresión avanzada de una democracia con mayor participación ciudadana, cuyo alcance todavía no es cabalmente comprendido por el mismo Poder Ejecutivo, que no está acostumbrado a contar con actores ciudadanos con pensamiento propio y capacidad de incidencia en políticas públicas.

Algunos retos para cumplir la Ley de Fomento y lograr un buen funcionamiento de su Consejo Técnico Consultivo

Algunos retos para el mejor funcionamiento de este Consejo y para que pueda cumplir cabalmente los mandatos y compromisos que la misma Ley le demanda —como "analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley, así como formular opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación" (art. 29, fracción I), "impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas del Estado mexicano señaladas en la anterior fracción" (art. 29, fracción II), "integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones" (art. 29, fracción III) y "sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones" (art. 29, fracción IV)—tienen que ver con que el Consejo sea dotado de los recursos suficientes, no para realizar su trabajo que por Ley es de carácter honorífico, sino para cumplir sus funciones.

Durante 2005, el mismo Consejo Técnico Consultivo estuvo trabajando bajo la coordinación del consejero Cuauhtémoc López, coordinador de la Comisión de Políticas Públicas, para identificar y definir los principales retos que enfrenta el Consejo Técnico Consultivo. Estos retos ya se han señalado en otro documento de este mismo libro; solamente nos interesa destacar algunos de los más significativos, relacionados con la reforma de las instituciones y que a nuestro parecer son los siguientes:3

  1. Contar con una "política de Estado de fomento a las actividades de las OSC"4 basada en la autonomía de las OSC y en su capacidad de inventar experiencias paradigmáticas que después puedan proponerse como políticas públicas. Este reto parte de reconocer que "el conjunto de instituciones, leyes y estructuras del Estado mexicano se hayan distantes del ciudadano y no son favorecedoras de la participación del mismo",5 pues el gobierno y los partidos políticos usualmente no quieren al ciudadano cerca de los espacios de discusión y menos de decisión de las políticas públicas, y poco se toman en cuenta las demandas y sufrimientos del pueblo. Sin duda que el fomento gubernamental a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en su pluralidad y diversidad es parte de una nueva relación no corporativa ni supeditada, sino madura y corresponsable entre la sociedad civil y el gobierno, en la que se considera crucial la cultura y la institucionalización de la participación ciudadana y del asociacionismo. En este sentido, la Ley de Fomento es un anticipo parcial de una reforma social y democrática del Estado mexicano.
  2. Es necesario lograr una mayor coordinación y articulación de las acciones gubernamentales de fomento con base en una sensibilización y formación de toda la Administración Pública Federal en el conocimiento y comprensión a fondo de la Ley de Fomento, a fin de simplificar las reglas de operación, fomentar las actividades de las OSC e incrementar la oferta gubernamental de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el fomento de las actividades señaladas en el artículo5 de la misma Ley. Para dar un paso clave en esta dirección, es necesario establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de: a) consensuar propuestas de política hacendaria y fiscal que de verdad permitan fomentar a nivel nacional las actividades de las OSC, además de establecer procedimientos para que con la Clave Única de Registro (CLUNI) se cubran los trámites para que las OSC sean donatarias autorizadas, y b) aumentar el techo financiero federal presupuestal para fomentar el conjunto de actividades que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil que de manera eminentemente no lucrativa contribuyen de manera cada vez más amplia y profesional a la reconstrucción del tejido social, a la vigencia de los derechos humanos y al interés público.6
  3. En lo que se refiere al contexto legal del trabajo cotidiano de las organizaciones "es necesaria la adecuación y armonización de todos los instrumentos jurídicos que guardan relación y dan marco legal a las actividades que realizan las OSC".7
  4. "En este momento no existen mecanismos concretos y consistentes para que las OSC participen en la definición, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de las diferentes instancias de la APF" conforme al artículo 29, fracciones I y II de la misma Ley de Fomento.
  5. Avanzar en la comunicación, coordinación y trabajo conjunto entre Consejo Técnico Consultivo y Comisión de Fomento para: a) impulsar la definición de marcos legales y jurídicos estatales de fomento a las actividades de las OSC en toda la República mexicana, y b) mejorar la relación con los medios de comunicación para dar visibilidad al quehacer público de las OSC y fomentar sus actividades.
  6. El CTC necesita ser renovado en un tercio de sus integrantes cada año por propuesta universal de todas las OSC registradas y por insaculación de grupos regionales, pues ambos mecanismos aseguran la diversidad territorial y temática así como la pluralidad social. De este modo, el CTC podrá seguir desplegando una estrategia de comunicación ágil, sistemática y oportuna hacia sus representados de todo el país, así como también favorecer la comunicación de ida y vuelta con todas las OSC, pues de esa comunicación depende que se puedan incluir oportunamente las preocupaciones y demandas de todas las OSC.
  7. Las comisiones de trabajo del CTC deben operar eficaz y efectivamente, contando con la posibilidad de encargar estudios para diagnosticar y fomentar la participación ciudadana en las actividades que son cubiertas por los artículos 5 y 29 de la misma Ley de Fomento.
  8. Un último reto tiene que ver con profundizar la capacidad de trabajo conjunto entre OSC, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, para llevar adelante las necesarias reformas a la misma Ley y para la adecuación de todo el marco jurídico y de otras leyes que se requieren para dar cabal cumplimiento a la LFFAROSC, así como para lograr el incremento de los recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación para fomentar las actividades de las OSC.8

Apenas en septiembre de 2007, la ley aprobada del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) representó un paso atrás en el fomento a las actividades de las OSC, pues no correlacionó a la Ley de Fomento con el IETU, que en su artículo 4 señala: "No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes ingresos: […] c) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales", ignorando y desconociendo la obligación de la Administración Pública Federal de fomentar las 16 actividades planteadas por la LFFAROSC, que están establecidas en el artículo 5 de la misma Ley. Para abundar más sobre este reto particular, se puede consultar el artículo de Ana María Salazar en este mismo libro.

Todos estos retos deben enfrentarse con base en la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, la corresponsabildad, el diálogo y la vigencia de todos los derechos humanos. En la medida en que puedan enfrentarse estos retos, la metáfora de avance democrático y corresponsabilidad en la relación sociedad-gobierno que la Ley de Fomento anuncia podrá contribuir a un país más incluyente y justo.

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* Consejero representante de los sectores académico, profesional científico y cultural (2005-2007).

1. El Informe del Latinobarómetro 2006 señala a los partidos políticos en América Latina como la última de las instituciones en quien tiene confianza la ciudadanía, con un porcentaje promedio de 29%. En el caso de México, los partidos políticos también ocupan el último lugar en confianza de la ciudadanía, con 32%, por debajo de los empresarios (47%), del gobierno (46%), del congreso (37%) y del poder judicial (37%), aunque también destaca fuertemente la afirmación de que si en México se gobierna para el bien de todos o para el bien de grupos poderosos y para beneficio del propio gobierno, la respuesta es muy contundente, pues 31% de las y los encuestados opina que se gobierna para todos y 69% que se gobierna para los grupos poderosos y para el beneficio del propio gobierno. www.latinobarometro.org El Informe del Latinobarómetro 2006, pp. 67, 68, 80-82.

2. En los artículos 10 a 14 de la Ley se establece que la Comisión de Fomento estará integrada por las secretarías de Desarrollo Social, Gobernación, Hacienda y Crédito Público y Relaciones Exteriores, cuyas funciones, entre otras, son: coordinar a las dependencias y entidades para la realización de las actividades de fomento a que se refiere la Ley.

3. Cuauhtémoc López Casillas et al, Balance de la política pública de fomento a las actividades de la sociedad civil (2003-2005). Borrador de trabajo delCTC del 21 de noviembre de 2006.

4. Ibidem., p. 4.

5. Idem.

6. Esto supone una valoración positiva del conjunto de las actividades de las OSC, estableciendo límites firmes y precisos para evitar abusos como los de Vamos México o de alguna otra asociación, que son más bien la excepción y no la regla del modo de operar de la gran mayoría de las OSC que están claramente orientadas al bien público.

7. Ibid., p. 4.

8. Esta coordinación se ha iniciado con éxito gracias a la disposición de varias secretarías de Estado, pero particularmente gracias a la iniciativa de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados y de su presidente, Alberto Esteva Salinas, para abordar las dificultades de comunicación con el Indesol y la Secretaría de Desarrollo Social que se habían presentado durante 2007 para el funcionamiento eficiente del Consejo Técnico Consultivo.

viernes, 27 de junio de 2008

Falta nos hace que reviva Pancho Villa



Francisco Villa es una figura mítica de nuestra región, nos recuerda que en el Norte la gente está dispuesta a luchar por lo que considera justo.


En estos tiempos de ingobernabilidad y violencia del Estado y del Narco en nuestra ciudad deberemos recordar que la libertad de la que gozamos es por causa de gente que luchó y murió por ella.


No olvidemos el pasado, no nos dejemos asustar, no permitamos que se violen nuestros Derechos.


Hagamos honores a los muertos de nuestra felicidad y demostremos que su sacrificio no fue en vano.

jueves, 12 de junio de 2008

Memoria del 3er. Módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública


Permítanme agrupar porque compartir mis impresiones de cadapersona sería simplemente eterno:

María, Lorena, Laura, Lilian y Cinthya: Mujeres,propositivas, de análisis agudo y alternativas ingeniosas.

Juan, Francisco, Nemesio, Benjamín y yo: Hombres tercos queinsisten en saber más para participar mejor.

Eric: Hombre estudiado, firme cuya parálisis pareciera seruna ayuda para que el resto podamos seguir su paso.

Eder: Joven que estudia una ingeniería, empezará unalicenciatura, trabaja en un hospital, ha sido hasta albañil, ocupa su tiempolibre promover la participación juvenil.

Estos son los involucrados en el Taller de Transparencia yAcceso a la Información Pública que concluyo el pasado 31 de mayo.

En este tercer módulo se presentaron dos experienciasprácticas de seguimiento a las labores de algún ente gubernamental.

Pero antes, hicimos un trabajo que nos permitiera conocernosmejor, intercambiar opiniones y generar ese ambiente de diálogo que tannecesario es en estos momentos donde el temor y la desconfianza parecen mediartoda relación social.

El ejercicio consistía en escribir un currículo grupal, paralo cual nos pusimos en dos equipos. El destino, el azar, las estructuras inconscientesde nuestra cultura o no sé qué razón nos hizo tener un equipo de puros hombres yotro de mujeres y Eric. En este ejercicio se hizo evidente que las distintastrayectorias de vida han constituido personas muy diferentes, pero con esacapacidad para aunque sea en un ejercicio llegar a acuerdos que nos permitieranconstruir juntos una historia… fue sólo un ejercicio, pero la capacidad dediálogo y de interacción no deja de alimentar la esperanza de que todavíapodemos hacer algo juntos por nuestra ciudad.

Después del ejercicio se presentaron dos experiencias, porun lado de la del CIMAP, Ciudadanos Por una Mejor Administración Pública. Lapresentación destacaba la motivación que dio origen a la organización, suscaracterísticas, sus acciones y su proceso. El espacio me impide vaciar todo loque se presentó pero creo que algunas de las características significativas seríanlas siguientes:

@ Surge como una propuesta ciudadana para enfrentar el problema de la falta de seguimiento en las acciones gubernamentales en cada cambio de administración.

@ Trabaja en el ámbito municipal.

@ Es apartidista.

@ De todas sus propuestas la que más seguimiento ha tenido es la medición de transparencia por medio de la metodología de CIMTRA (http://cimtramx.tripod.com/transparencia/).

@ Antes de hacer públicos sus resultados los presentan al gobierno municipal.

@ Con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, las propias mediciones de transparencia del municipio tendrán que modificarse.

@ Se requiere un mayor involucramiento de la sociedad para promover la cultura del acceso a la información pública.


Por su parte también Eric Urizar presentó la experiencia deRed Ciudadana de Chihuahua. Todo surgió por el seguimiento al trabajo de losdiputados del congreso local que realizó un grupo de organizaciones civiles(COSIDHAC, Frente Democrático Campesino, Mujeres por México, Frente deConsumidores del Estado de Chihuahua, Coordinadora Ciudadana A.C. y Equipo Pueblo). Descubrieron que fue másexhaustivo de lo que se esperaba y con mucha opacidad. El seguimiento que se hizoal congreso del estado fue muy estrecho y la manera en que se ocultaba lainformación también. Como a la hora de pedir los presupuestos desglosados de loque se gasta en la labor legislativa. Nunca se permitió tener acceso a esainformación. Incluso, como este seguimiento se hizo antes de que existiera la ley de transparencia, razón por lacual se tuvieron que ir a amparos a distintas instancias, pero de cualquiermanera parecía que en ese entonces la información gubernamental era propiedaddel funcionario en turno y no era una propiedad pública.



Lo que sucedió entonces fue el empezar a negociar con loslegisladores para que se promoviera una Ley de Transparencia y acceso a lainformación. Hubo distintas versiones, y hasta una del propio Gobernador PatricioMartínez, que la presentó justo en el momento en que la Red ciudadana trabajaen mesas de diálogo para construir su versión de la ley. A fin de cuentas laLey del Estado Chihuahua surgió en la cual se define la necesidad de lacreación del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública. Un conflicto interesante fue la designación de los consejeros delInstituto, ya que a pesar de que se realizaron exámenes de conocimientos,pareciera ser que la selección de los consejeros cumplió una cuota partidista.



Independientemente de las conclusiones de cada participante,me atrevo a presentar algunas generales.

@ El acceso a la información es un Derecho Humano.

@ La transparencia es una obligación legal del gobierno.

@ La ley de acceso a la información del Estado y sus mecanismo todavía tienen muchos defectos que deben corregirse.
@ La única manera de corregir estos defectos es utilizándola, hacer valer ese derecho y hacer evidentes los ajustes necesarios.

@ Debemos esforzarnos por mantener una relación de comunicación entre personas interesadas por tener una participación ciudadana mejor y más informada.

@ Este es sólo un paso más de un largo trayecto que debe terminar en promover una cultura de la participación y el acceso a la información. No es el primero, pues experienicas como la de Red Ciudadana y CIMAP, ya tienen un trayecto andado, pero todavía tenemos mucho por hacer, por nuestra ciudad, por nosotros, por nuestros hijos y por los que faltan.

Al terminar el taller se entregaron los reconocimientos(menos a Nemesio porque se me olvido imprimirlo) junto con un CD que contenía,el balance de los ingreso y los gastos del taller, toda la información de lostres módulos del taller y otra más que puede ser útil para entender esto de altransparencia y el acceso a la información pública.


Lo he dicho antes, pero con estas últimas líneas termino lasistematización de esta experiencia, ahora sí queda a disposición de quienquiera, tanto el CD. Cómo las presentaciones de cada uno de los expositores. Yame las habían pedido antes, pero no tenía todo el material reunido, ya lo tengoy lo pongo a la disposición de quien lo requiera.



Atentamente:



Hernán Ortiz

miércoles, 4 de junio de 2008

En la Ciudad de Jiménez, se ha iniciado un proyecto financiado por la FECHAC, e implementado por el CEP-Parras y la CEAAL. Es hacer de Jiménez una Ciudad Educadora... Un elemento importante es rescatar la identidad de quienes ahí viven, y esta es una muestra de cómo podemos querer y no temer al lugar en el que vivimos.